La discapacidad en el Perú: un desafío pendiente

En el Perú, cada 16 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, fecha que recuerda aquel 16 de octubre de 1980, cuando se realizó la “Gran marcha de la solidaridad por los derechos de la persona en situación de discapacidad”. En esa marcha, más de cinco mil personas exigieron al gobierno que se implementen políticas nacionales en favor de las personas en situación de discapacidad, lo que finalmente logró colocar este importante tema en agenda nacional.

Según el Censo Nacional 2017, el 10,3% de la población peruana tiene alguna discapacidad. Eso significa que somos más de tres millones de personas que vivimos con alguna limitación física, mental, sensorial o intelectual. Como persona en situación de discapacidad me permito intentar analizar algunos de los principales desafíos y propuestas para mejorar la condición de las personas en situación discapacidad en el país.

Uno de los problemas más urgentes es la falta de acceso a servicios públicos de calidad, especialmente en salud y educación. Según el estudio de la discapacidad en el Perú, solo el 38,9% de las personas en situación de discapacidad tiene seguro de salud y el 28,4% no recibe ningún tipo de atención médica. Además, el 41,8% no ha completado la educación primaria y el 17,4% es analfabeta. Estas brechas limitan las oportunidades de desarrollo personal y profesional de las personas en situación de discapacidad, así como su bienestar físico y mental.

Otro aspecto que dificulta la inclusión social de las personas en situación de discapacidad es la discriminación y el estigma que sufrimos por parte de la sociedad. Muchas veces, se nos considera como objetos de lástima o caridad, y no como sujetos de derechos. Se nos niega el reconocimiento de la diversidad y potencial, y se nos excluye de los espacios de participación política, cultural y económica. Según la encuesta nacional sobre discapacidad, el 23,9% de las personas con discapacidad ha sido víctima de algún tipo de violencia o maltrato por su condición.

Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria? Creo que hay tres aspectos fundamentales que debemos trabajar: la sensibilización, la normatividad y la fiscalización.

La sensibilización consiste en difundir una cultura de respeto y valoración de la diversidad humana. Se trata de romper los prejuicios, los estereotipos y los mitos que existen sobre la discapacidad. Se trata de reconocer que las personas en situación de discapacidad somos diferentes, pero no inferiores. Somos capaces de aportar al desarrollo del país con nuestras habilidades y talentos. Somos agentes activos de cambio social.

La normatividad consiste en elaborar e implementar leyes, políticas y programas que garanticen los derechos de las personas en situación de discapacidad. Se trata de adecuar el marco legal nacional a los estándares internacionales establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Perú en el año 2008. Se trata de promover la accesibilidad universal, la educación inclusiva, el empleo digno, la salud integral y la participación efectiva de las personas en situación de discapacidad.

La fiscalización consiste en supervisar y sancionar el cumplimiento de las normas vigentes sobre discapacidad. Se trata de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas por parte del Estado y la sociedad civil. Se trata de denunciar y combatir toda forma de discriminación, violencia o abuso contra las personas en situación de discapacidad.

Estos tres aspectos son complementarios e interdependientes. Sin sensibilización, no habrá voluntad política ni social para impulsar la normatividad. Sin normatividad, no habrá instrumentos legales ni técnicos para exigir la fiscalización. Sin fiscalización, no habrá garantía ni protección efectiva de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

En ese sentido, se ha aprobado recientemente la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, que plantea siete objetivos prioritarios para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas en situación de discapacidad.

Entre estos objetivos, se destacan: fortalecer la participación política y social de las personas en situación de discapacidad; garantizar su acceso al mercado laboral; asegurar su acceso y cobertura a servicios integrales de salud; garantizar su educación inclusiva; promover actitudes sociales favorables hacia ellas; asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno; y fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad.

Para lograr estos objetivos, se requiere del compromiso y la coordinación de todos los sectores del Estado, así como del apoyo y la colaboración de la sociedad civil, las organizaciones de personas en situación de discapacidad, los medios de comunicación, el sector privado y la cooperación internacional. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde las personas en situación de discapacidad seamos reconocidos como ciudadanos plenos y agentes de cambio.

Por eso, como persona con discapacidad, como ciudadano peruano y como ser humano, hago un llamado a la reflexión y a la acción. La discapacidad no es un problema, es una condición. La discapacidad no es una tragedia, es una oportunidad. La discapacidad no es un obstáculo, es un desafío. Un desafío que nos convoca a todos y a todas a construir un Perú más justo, más humano y más inclusivo.