Sullana: una emergencia sin solución

 

El 19 de septiembre pasado, se publicó el Decreto Supremo que declara el estado de emergencia en 7 distritos de la provincia de Sullana debido al alarmante incremento de asaltos y asesinatos a manos de sicarios. Esta medida, que conlleva restricciones y el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, supuestamente tenía como objetivo controlar y revertir la creciente inseguridad que enfrenta la ciudadanía. Sin embargo, tras más de un mes de su implementación, ¿podemos siquiera hablar de algún progreso significativo en la lucha contra la delincuencia? ¿Cuáles son los factores que han obstruido la efectividad del estado de emergencia?

 

Desde un inicio cuestionábamos el triunfalismo y la efusividad con el que el alcalde de la Provincia de Sullana, Marlen Mogollón, celebraba la declaratoria de emergencia en seguridad ciudadana como un gran logo de su gestión, faltó muy poco para decir que él lo logró solo, pues fue muy claro en señalar que la demora de la declaratoria de emergencia en Sullana era por culpa de la población que no acudió a sus convocatorias a marchar.

 

Desde entonces, se ha evidenciado una clara falta de planificación y la explotación política de un tema tan delicado como la inseguridad ciudadana. Por un lado, Dina Boluarte hizo el anuncio de la declaración de emergencia desde Estados Unidos para demostrar que seguía gobernando de manera remota y justificar su controvertida e inconstitucional ley que le permite salir del país sin dejar un mando en su ausencia. Por otro lado, el alcalde de Sullana parecía ansioso por dar primicias en conferencias de prensa, a pesar de que ni siquiera le habían comunicado que se tomaría tal media, ni mucho menos le habían consultado o consensuado algún plan para implementarse durante la emergencia. No sabía cuándo se publicaría la norma, ni a partir de cuándo regiría, ni su tiempo de duración, no sabía que distritos estarían en emergencia, ni sabía que planes se iban implementar. En resumen, el alcalde celebró una emergencia cuyos detalles desconocía por completo.

 

Según el decreto publicado en el diario El Peruano, el estado de emergencia implica restricciones destinadas a controlar y revertir la creciente ola delictiva en Sullana. No obstante, ¿es suficiente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los sullaneros? La respuesta es un rotundo no.

 

En primer lugar, este estado de emergencia representa una respuesta tardía y superficial a un problema estructural que se ha agravado en los últimos años. Sullana sufre una serie de problemas como asesinatos por encargo, extorsiones, robos, violencia familiar y otros delitos que afectan la convivencia social y el desarrollo económico. La declaración de emergencia no aborda las causas subyacentes de la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la falta de oportunidades y la debilidad institucional.

 

En segundo lugar, el estado de emergencia ha sido insuficiente y carente de recursos humanos y logísticos. Sullana cuenta con apenas seis patrulleros para proteger a 300,000 ciudadanos, lo que refleja una falta crítica de recursos policiales. Además, hay una carencia de personal policial y militar para cubrir la extensa provincia, especialmente en la zona fronteriza con Ecuador, por donde ingresan el contrabando y personas no identificadas. A esto se suma la falta de coordinación entre las autoridades locales, regionales y nacionales para llevar a cabo acciones efectivas. Debemos resaltar aquí, la actitud sumisa y complaciente del alcalde provincial, permitiendo que el régimen de Dina Boluarte mienta descaradamente y se burle de la población de Sullana, en un inicio manifestaron que otorgarían 15 millones de soles para afrontar esta emergencia, luego la cifra disminuyó drásticamente a solo 1 millón 200 mil, para finalmente y con mucha suerte, todo indica que Sullana podría lograr poco más de 700 mil soles. Al parecer tenemos un alcalde que frente a Boluarte y los ministros de su régimen agacha la cabeza, pero se envalentona y levanta la voz contra el personal administrativo y obrero de la municipalidad de Sullana, que a decir de ellos mismos no los quiere ni recibir. ¡Despierte Sr. Alcalde y al menos haga respetar a Sullana!

 

En tercer lugar, el estado de emergencia ha sido ineficaz e ineficiente en términos de resultados y evaluación. Hasta ahora, no se ha informado sobre el número de bandas desarticuladas o número de detenidos, procesados o sentenciados por delitos cometidos durante la emergencia. Además, se han denunciado abusos y arbitrariedades por parte de las fuerzas del orden contra los ciudadanos. No se ha establecido ningún mecanismo de seguimiento ni rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos destinados a la seguridad.

 

En resumen, el estado de emergencia en seguridad ciudadana en la provincia de Sullana ha sido un fracaso que pone de manifiesto la incapacidad y la improvisación de este régimen para abordar uno de los problemas más apremiantes y complejos del país. Se requiere una política integral y sostenible que involucre a todos los niveles del Estado y la sociedad civil para prevenir, combatir y sancionar la delincuencia. Además, se necesita una mayor transparencia y participación ciudadana para supervisar y exigir resultados a las autoridades competentes. Solo así se podrá restaurar la confianza y la tranquilidad de los sullaneros.