La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide reformas significativas para garantizar el derecho de reunión pacífica y asegurar el diálogo inclusivo
El informe analiza la conducta de las fuerzas de seguridad durante las protestas a escala nacional, centrándose en las que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Concluye que las autoridades peruanas restringieron indebidamente los derechos humanos de las y los manifestantes.
Las fuerzas de seguridad hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, indica el informe. También documenta el uso de armas menos letales, incompatible con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestantes.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró 50 personas muertas y 821 heridas en el contexto de las protestas del 7 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. La Oficina también documentó que 208 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.
Se abrieron investigaciones penales contra 241 personas que participaron en las manifestaciones. De ellas, las investigaciones contra al menos 221 se han archivado por falta de pruebas. Esto incluye a 192 personas que habían sido detenidas en la Universidad de San Marcos de Lima el 21 de enero.
En abril de 2023, las autoridades crearon un equipo específico dentro del Ministerio Público para investigar los presuntos delitos cometidos en el contexto de las protestas. La Oficina está prestando asistencia técnica al equipo. El equipo ha abierto 45 expedientes que abarcan a todas las personas muertas y heridas en las protestas.
"Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos", declaró Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. "La rendición de cuentas es primordial si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado. Las víctimas deben recibir una reparación integral".
El Gobierno ha proporcionado apoyo económico a las víctimas y a sus familias -unas 266 personas hasta la fecha- identificadas con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El informe ofrece recomendaciones para promover cambios estructurales y reformas que garanticen el derecho de reunión pacífica y aseguren que todo uso de la fuerza debe ser compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. El informe también recomienda reforzar los mecanismos internos de rendición de cuentas, garantizar investigaciones centradas en las víctimas, imparciales y efectivas, y abordar los problemas sistémicos y profundamente arraigados de racismo y discriminación contra los pueblos indígenas y los campesinos, que constituían la mayoría de las y los manifestantes.
"Es primordial que se aborden las quejas y preocupaciones de todo el espectro de la sociedad peruana. Es necesario un diálogo nacional inclusivo. Es la única manera de avanzar. Todo el mundo necesita sentirse escuchado y representado en la sociedad para poner fin a las interminables crisis políticas y sociales", declaró Türk. "Espero seguir cooperando con las autoridades peruanas y la sociedad en general para estos fines".
Fuente: Oficina Alto Comisionado ONU
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