CONSTRUYENDO EL FUTURO: RAZONES Y RETOS PARA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL EN PERÚ

 

Este mes de enero se cumplieron 30 años desde que Perú adoptó su actual Constitución Política en el turbulento período posterior al autogolpe perpetrado por el autócrata Alberto Fujimori. Esta constitución, que fue aprobada en un referéndum cuestionado por la comunidad internacional y por diversos sectores de la sociedad civil, ha sido objeto de numerosas críticas y reformas a lo largo de estas tres décadas. Sin embargo, consideramos que no ha logrado garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, la estabilidad democrática, la inclusión social y el desarrollo económico del país. Por ello, en esta reflexión analizaremos de manera muy resumida los principales argumentos que sustentan la necesidad de un cambio constitucional en el Perú, así como los desafíos y oportunidades que implica este proceso.

Recordemos que La Constitución de 1993 fue redactada en un contexto de crisis institucional, donde la prioridad era restaurar la estabilidad y el orden tras años de conflictos internos y debilidad gubernamental. Sin embargo, este documento refleja en gran medida la visión autoritaria y centralista del régimen de Fujimori, otorgando amplios poderes al ejecutivo y limitando los contrapesos institucionales necesarios para una democracia plena.

Uno de los aspectos más criticados de esta Constitución es su concentración de poder en la figura presidencial, lo que ha perpetuado un sistema político marcado por la polarización, la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Esta centralización del poder ha debilitado la separación de poderes y ha obstaculizado la capacidad del Estado para abordar de manera efectiva los desafíos sociales, económicos y ambientales que enfrenta el país.

Además, la Constitución actual no reconoce adecuadamente la diversidad étnica, cultural y lingüística de Perú, ni protege los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La falta de inclusión y representación ha alimentado la discriminación y la exclusión social, exacerbando las tensiones y los conflictos en todo el país.

Otro punto de preocupación es la ausencia de mecanismos efectivos para la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y en la rendición de cuentas de las autoridades. La falta de transparencia y la opacidad en la gestión pública han erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, alimentando el descontento y la desafección política.

La actual constitución ha sido objeto de constantes modificaciones que han alterado su estructura y contenido original, sin contar con un amplio consenso social y político. Además, muchas de estas reformas han respondido a intereses particulares o coyunturales, sin tener en cuenta el interés nacional o el bien común.

La constitución de Fujimori consagra un modelo económico neoliberal que privilegia el libre mercado y la inversión privada, sin considerar las necesidades y demandas de los sectores más vulnerables y excluidos de la población. Así, se ha generado una profunda desigualdad social y territorial, una precarización laboral y ambiental, y una dependencia de los recursos naturales. A modo de ejemplo, recordemos que en la pandemia del Covid-19 se pudieron apreciar más profundamente las inequidades; el libre mercado hizo que una mascarilla se vendiera hasta en 50 soles, y un balón de oxígeno era un privilegio reservado para aquellos que podían pagar costos muy altos, sin que el estado pudiera hacer nada.

En este contexto, la ruta hacia una nueva Constitución se presenta como la única opción viable para superar las limitaciones del actual marco legal y construir un Estado más justo, inclusivo y democrático. Esta nueva Constitución debe garantizar la separación efectiva de poderes, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, reconocer y proteger los derechos de todas las personas y comunidades, y establecer un sistema de justicia independiente y transparente.

En conclusión, treinta años después de la promulgación de la Constitución de 1993, es evidente que Perú necesita un nuevo contrato social que refleje la diversidad, la pluralidad y las aspiraciones de su pueblo. Para ello, se requiere de un proceso participativo, inclusivo, transparente y deliberativo, que involucre a todos los actores sociales y políticos del país. Así, se podrá construir un pacto social que fortalezca la democracia, el estado de derecho, el desarrollo humano y la convivencia pacífica.