EL SUPERMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA: ¿SOLUCIÓN MÁGICA O RIESGO DE CORRUPCIÓN?

Dina Boluarte anunció la creación del Ministerio de Infraestructura, so pretexto que finalmente se resolverían las grandes brechas en infraestructura que el país enfrenta. Sin embargo, no podemos evitar mirar más allá de las “promesas brillantes” y considerar los riesgos y desafíos que este superministerio conlleva.

En primer lugar, la propuesta centraliza un poder económico y político sin precedentes en una sola entidad. Al absorber 17 entidades, programas, proyectos y fondos, entre ellos la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Proinversión y otros, este nuevo ministerio controlaría un presupuesto de hasta S/17 mil millones. Esto no solo representa una cantidad asombrosa de recursos, sino también una peligrosa concentración de poder. La historia nos ha enseñado que, en muchas ocasiones, la centralización excesiva lleva a la corrupción y a la ineficiencia. La tentación de utilizar estos recursos para fines políticos o personales es demasiado grande y, en un país donde la transparencia y la rendición de cuentas son constantemente olvidadas, este es un riesgo que no podemos permitirnos.

Además, la implementación de este ministerio implica una reorganización masiva de las entidades estatales. No podemos ignorar el hecho de que la fusión de tantas unidades ejecutoras no es un proceso sencillo. La coordinación entre estas entidades ya es complicada en el mejor de los casos; unificar sus funciones y presupuestos bajo una sola dirección podría generar más caos que soluciones. La experiencia nos muestra que los cambios abruptos en la estructura gubernamental tienden a generar inestabilidad. Recordemos la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que, a pesar de su potencial, no lograron cumplir con sus objetivos debido a la falta de planificación y a la ineficiencia burocrática.

Otro punto crucial es la falta de especialización que esta medida podría ocasionar. Al concentrar diversas funciones bajo un solo ministerio, corremos el riesgo de diluir la experiencia y el conocimiento especializado que cada entidad tiene en su área específica. Por ejemplo, Proinversión no solo se encarga de proyectos de infraestructura sino también de sectores como la minería. Integrar estas funciones en un ministerio podría llevar a una pérdida de enfoque y a una ejecución menos eficiente de proyectos cruciales para el desarrollo del país.

Asimismo, la creación de este ministerio no aborda el problema fundamental que enfrenta nuestro país: la gestión ineficiente y la falta de capacidad del Estado para ejecutar proyectos de manera eficaz. La existencia de múltiples entidades no es el problema en sí; el verdadero obstáculo radica en la incapacidad de coordinar y supervisar adecuadamente estos proyectos. En lugar de crear un "Frankenstein" burocrático, deberíamos enfocarnos en fortalecer las instituciones existentes, mejorar los procesos de contratación y garantizar la transparencia en la ejecución de proyectos.

La promesa de no generar gasto adicional al tesoro público y mantener la estabilidad laboral de los trabajadores es otro punto que merece un análisis crítico. Si bien estas promesas pueden sonar reconfortantes, la realidad es que la fusión y reorganización de entidades inevitablemente llevará a costos adicionales, ya sea en términos de reentrenamiento de personal, implementación de nuevos sistemas o simplemente en el proceso de transición.

Finalmente, no podemos ignorar el contexto político en el que se hace esta propuesta. En un momento de inestabilidad política y desconfianza generalizada hacia el gobierno, la creación de un nuevo ministerio con tanto poder no puede verse como una simple medida administrativa. Este es un acto político con profundas implicaciones para el futuro del país. La posibilidad de que se utilice este ministerio para fortalecer la posición política de quienes en estos momentos controlan el poder es real y esto es algo que todos los ciudadanos debemos tomar con seriedad.

Como ciudadano preocupado por el futuro de mi país, espero que se realice un debate abierto y transparente sobre este tema, y que se consideren todas las posibles implicancias antes de tomar una decisión final. La infraestructura es vital para el desarrollo de Perú, pero no a costa de vulnerar la transparencia, la eficiencia, la confianza pública y sobre todo sacrificando el futuro de nuestra patria.