LA CRISIS DE LA INSEGURIDAD EN EL PERÚ ES UN DESAFÍO QUE EXIGE DECISIONES VALIENTES

 

En la actualidad, el Perú enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana que se ha convertido en una amenaza palpable para la vida cotidiana de sus ciudadanos. Las alarmantes cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no son simplemente datos fríos; reflejan el miedo creciente que experimentamos los peruanos al transitar por las calles de nuestro propio país. Un incremento del 82.6% al 86.1% en la percepción de inseguridad en tan solo un año es un grito desesperado de una sociedad que se siente cada vez más desprotegida.

 

En este contexto, resulta preocupante la disonancia entre las cifras del INEI y las declaraciones del ministro del Interior, quien ha afirmado que la percepción de inseguridad ha disminuido. Tal afirmación no solo carece de sustento en la realidad palpable de la violencia diaria, sino que además pone en evidencia una desconexión peligrosa entre el Estado y la ciudadanía. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué fuente utiliza el Ministerio del Interior para contradecir datos que son claramente corroborados por la experiencia diaria de los peruanos?

 

El incremento en la percepción de inseguridad no es un fenómeno aislado ni una simple cuestión de estadísticas. Es el resultado de un cúmulo de factores que han venido debilitando el tejido social del país durante años. La corrupción en todos los niveles de gobierno, la impunidad con la que operan las organizaciones criminales, ahora con el respaldo del propio congreso que legisla a favor de estas organizaciones criminales y la falta de políticas públicas efectivas han creado un ambiente en el que el crimen no solo prolifera, sino que se institucionaliza.

 

El actual régimen dictatorial, encabezado por Dina Boluarte, ha demostrado ser incapaz de enfrentar esta crisis de manera efectiva. Su enfoque hacia la seguridad ciudadana ha sido inconsistente y, en muchos casos, contradictorio. Mientras las autoridades insisten en minimizar la gravedad de la situación, la realidad en las calles es otra. Robos, asaltos, secuestros, extorsiones y el sicariato se han convertido en parte del paisaje cotidiano. La ciudadanía está atrapada entre la violencia de los delincuentes y la inacción del gobierno.

 

La corrupción, elemento corrosivo que atraviesa todas las capas de la administración pública, juega un papel central en esta crisis. La percepción de que las organizaciones criminales operan con la complicidad o, al menos, con la indiferencia de las autoridades, es un factor que amplifica el temor de la población. Los ciudadanos no solo temen a los delincuentes comunes, sino también a aquellos que, desde posiciones de poder, permiten y facilitan la expansión del crimen organizado.

 

En este contexto, es necesario replantear de manera urgente la estrategia de seguridad ciudadana. No se trata simplemente de aumentar la presencia policial en las calles, sino de atacar las raíces profundas del problema. Esto incluye una lucha frontal contra la corrupción, la reforma del sistema judicial para garantizar que los criminales no queden impunes, y la implementación de políticas públicas que aborden los factores sociales y económicos que alimentan la delincuencia.

 

La seguridad ciudadana no puede ser vista como una cuestión secundaria o como un tema de percepción. Es una prioridad fundamental para el desarrollo social y económico del país. La falta de seguridad afecta directamente la calidad de vida de las personas, limita las oportunidades de desarrollo, y disminuye aún más la confianza en las instituciones.

 

El actual régimen ha demostrado una incapacidad preocupante para abordar esta crisis. La falta de coherencia en sus políticas, la manipulación de datos, y la aparente indiferencia ante la realidad que viven los peruanos, son señales de un gobierno que ha perdido el rumbo. Es hora de que se tomen decisiones valientes y que se adopten medidas contundentes para recuperar la seguridad y la confianza en el país.

 

No se necesita ser experto en seguridad ciudadana y en políticas públicas, para saber que el Perú necesita un cambio radical en su enfoque hacia la seguridad. Este cambio debe comenzar por reconocer la gravedad de la situación, dejando de lado la retórica vacía y enfrentando los hechos con honestidad y determinación. El país no puede seguir siendo rehén de la inseguridad y la violencia. Es hora de que se actúe con responsabilidad, poniendo en primer lugar el bienestar y la seguridad de todos los peruanos.

 

La crisis de inseguridad en el Perú es un reflejo de la profunda crisis institucional que atraviesa el país. No se resolverá con declaraciones complacientes ni con maquillajes estadísticos. Requiere una voluntad política firme, un compromiso real con la transparencia, y una estrategia integral que ataque el problema en sus múltiples dimensiones. Solo así podremos aspirar a construir un Perú más seguro, justo y próspero para todos.

Publicado en: Contacto Informativo Sullana